Dos nubrarrones se ciernen sobre los conductores españoles en un futuro inmediato: el pago por el uso de las infraestructuras viarias (autopistas y autovías) y los peajes para acceder al centro de la ciudad. De los primeros ya se ha hablado mucho, pero los segundos han surgido más recientemente. Ahora ya son más que una posibilidad porque el anteproyecto de Ley de Movilidad Sostenible que prepara el Gobierno ha puesto la primera piedra para lo que ha dado en llamar «tasa por aprovechamiento de las zonas de bajas emisiones».

Los peajes en la ciudad ya tienen base legal

La Ley de Movilidad Sostenible es un proyecto del Gobierno de Pedro Sánchez que se formula a través del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Tiene como objetivo fundamental «adaptar el sistema de transporte hacia una movilidad limpia, menos vinculada a la utilización del vehículo privado«. Y es referido a esta última parte de la cita cuando ofrece diferentes posibilidades de acción a los diferentes órganos de Gobierno.

Y una de ellas, la que más puede afectar a los conductores, es dar base legal a la «tasa por aprovechamiento especial de las zonas de bajas emisiones», esas que otra Ley, la de Cambio Climático, obligará a expandir por todas las poblaciones con más de 50.000 habitantes o con altos niveles de contaminación. En el anteproyecto se establece que aplicar peajes en las ciudades puede ser una medida efectiva para mejorar su calidad del aire.

Los Ayuntamientos podrán cobrar peajes urbanos

En la Disposición adicional 7ª del anteproyecto de Ley de Movilidad Sostenible se establece que «con el fin de ampliar el catálogo de medidas que los municipios pueden adoptar para garantizar la adecuada calidad del aire en sus términos municipales y minorar las emisiones producidas por los vehículos a motor» se abra a los Ayuntamientos la posibilidad de cobrar peajes urbanos.

Una tasa que permitiría cobrar «por la circulación de vehículos que superen los límites o categorías máximas de libre circulación estipuladas en las zonas de bajas emisiones». Es decir, que las ZBE -que actualmente están optando por restringir el tráfico aplicando multas a quienes no los respeten- podrían pasar a permitir circular a aquellos que paguen. Eso que los que se oponen a esta medida han dado en llamar el cambio del «quien contamina paga, al quien paga, contamina».

Por el momento el camino de la Ley de Movilidad Sostenible únicamente ha comenzado. Pero tras la presentación de este anteproyecto seguirán las siguientes fases (consultas, audiencia pública…), que deberían culminar con la aprobación del Consejo de Ministros antes de finales de este año. Las Cortes podrían validarla ya el año que viene para entrar en vigor en 2023, cumpliendo así el compromiso con la Comisión Europea.