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Multas anuladas por exceso de celo sancionador

Multas anuladas por exceso de celo sancionador

«A veces, la Administración actúa como un rodillo con los administrados, menospreciando sus derechos, obviando los razonamientos empleados en su descargo y obligándolos a acudir a los tribunales por cuestiones que se deberían ventilar en la vía ordinaria», asegura la asociación de defensa de los automovilistas DVuelta al dar a conocer algunas de las sentencias que ha ganado en su actividad de recursos de multas.

Sorprende que algunas de las denuncias de la DGT que se han resuelto a favor de los demandantes llegasen incluso ante un tribunal, como por ejemplo una de exceso de velocidad a una ambulancia en plena emergencia. Otras interpretaciones son muy particulares de cada magistrado y, por lo tanto, discutibles.

En cualquier caso, el afán sancionador voraz que se atribuye a Tráfico es un engañoso. Los ayuntamientos denuncian a los conductores seis veces más que la DGT.

En julio de 2016, el juez de Tenerife anuló la sanción por exceso de velocidad de 300 euros por «nula de pleno derecho», ya que la firma que aparecía en la resolución sancionadora estaba simplemente escaneada y no cumplía con los requisitos técnicos legalmente establecidos.

Investigar el domicilio

Otras denuncia se convirtió en papel mojado en febrero de 2015, porque se anuló todo el proceso. Tráfico le pedía al titular del vehículo 900 euros, sumando el importe de la multa por exceso de velocidad y la circunstancia de que el titular del vehículo no había identificado a su conductor. El juzgado número 2 de Alicante falló que debería haberse optado por una sola sanción y en este caso la menos perjudicial para el ciudadano, la de 300 euros por saltarse los límites de velocidad.

La ausencia de un domicilio conocido por parte de la Jefatura Provincial de Tráfico en Cádiz para incoar el expediente disciplinario hizo que esta publicara un edito e hiciera pública la sanción de 300 euros a una conductora por exceso de velocidad. Según la magistrada, la Administración debería haber llevado una mínima labor indagatoria para encontrar un domicilio alternativo, consultando los archivos públicos.

En octubre de 2015, la jueza del juzgado 2 de Málaga revocó una sanción de 300 euros a un conductor por superar el límite de velocidad al demostrar aquél que se trataba de una UVI móvil que estaba respondiendo a una urgencia.

El juzgado 4 de Bilbao sentenció en noviembre de 2018 contra el Gobierno Vasco tras la denuncia efectuada por un ertzaina fuera de servicio que practicaba ciclismo y propuso una multa a un conductor con 500 euros y la retirada de seis puntos del carné de conducir por conducción temeraria. El magistrado considera que al estar fuera de servicio y ser parte implicada (la temeridad denunciada le habría causado riesgo) no se beneficia de la presunción de veracidad. También añade que el policía vasco no aporta prueba de cargo más allá que su propio relato de los hechos.

Ayuntamiento no competente 

La sentencia del Juzgado número 4 de Madrid en enero de 2019 concluyó que el Ayuntamiento no tenía competencia para sancionar con 200 euros y la retirada de cuatro puntos del carné a una conductora que no respetó la preferencia de paso en el Bus VAO. Al no recogerse el punto kilométrico de la infracción, podría corresponder a la Red de Carreteras del Estado, donde la potestad es de la DGT.

En marzo de 2018 también se anuló una sanción de 300 euros por exceso de velocidad, como notificó la Jefatura Provincial de Córdoba. La infracción la atestiguaban dos imágenes del mismo fotograma recogidas por un radar pero el juez anuló la multa por la falta de un fotograma que ofreciera una visión panorámica.

Una cámara no verificada

En julio de 2019, el Juzgado 10 de Madrid anuló el expediente sancionador contra un conductor por no respetar las señales de circulación restringida. La prueba de una cámara que captó la infracción no fue suficiente para el juez, que anuló los 90 euros de sanción al no incluirse en el expediente la verificación de dicha cámara, sin que se pudiera acreditar su correcto funcionamiento.

También en las calles de Madrid: un aparcamiento en zona no autorizada acarreó la denuncia al titular del vehículo y la multa de 90 euros que el Juzgado número 23 anuló en marzo de 2019. ¿La razón? Según el magistrado, las fotografías de prueba no identifican el lugar donde se tomaron las fotos.

Tráfico denunció en Sevilla un exceso de velocidad (300 euros), pero no dio respuesta a las alegaciones que el conductor presenta en su defensa. El magistrado resolvió en 2016 todo el procedimiento afirmando que esa forma de actuar genera una grave indefensión en los ciudadanos.

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