El automóvil sigue siendo protagonista de los planes del Gobierno de España. Ahora, con la apertura de un nuevo horizonte, el de impuesto por uso del coche, que supondría un cambio de modelo fiscal para los conductores. Está recogido, de momento únicamente como intención, en el Plan España 2050 pero su implantación será más a corto plazo.
Hasta ahora el coche está gravado con diferentes impuestos. Por su uso (impuesto de circulación); a la compra (matriculación) y sobre la energía (combustibles). Pero el ejecutivo propone “ajustar la fiscalidad del transporte por carretera al uso real del vehículo asegurando una mayor coherencia entre el tipo de vehículo adquirido y las necesidades del servicio”.
Impuesto de uso «real y medido»
“Para ello, se propone pasar de las actuales figuras fiscales sobre la compra, circulación y combustibles, a un impuesto sobre el uso medido real del vehículo que tenga en cuenta sus características: su peso, su potencia, sus emisiones de contaminantes atmosféricos y gases de efecto invernadero». Así lo explica el documento del Plan España 2050 en su apartado destinado a analizar el futuro de la movilidad.
Esta formulación es, lógicamente, aún imprecisa, pero marca una hoja de ruta para el Gobierno. El cambio de fiscalidad del automóvil es una reclamación constante por parte del sector, especialmente para favorecer la transición a un parque de vehículos menos contaminantes. Y el Gobierno podría ponerlo en marcha ya en esta misma legislatura.
Este anuncio llega en medio de un ‘terremoto’ provocado por otra medida gubernamental: la de establecer una fórmula de pago por uso también para las infraestructuras (autovías y autopistas).
Impuestos no sólo el automóvil
El Plan España 2050 contempla también un cambio profundo en la forma de afrontar los desplazamientos. El Gobierno quiere que formas de movilidad alternativas puedan poco a poco sustituir al uso del coche. Y se refiere a ellas como «transporte activo» (micromovilidad –bici, patinete, caminando-) y «transporte público».
El ferrocarril será el objeto principal de inversión en este sentido, tanto para mejorar las redes de cercanías como de larga distancia que no sean de alta velocidad, y también con el foco puesto en el transporte de mercancías.
El avión, junto al automóvil, es el que ‘saldrá perdiendo’ con todo este cambio. Se pretende gravar a los usuarios frecuentes y los vuelos de menor alcance. Incluso se podrían prohibir aquellos que puedan sustituirse por desplazamientos en tren inferior a 2,5 horas.